El “presidente más cool del mundo”, Nayib Bukele

Un ingrediente es su dominio de las redes sociales. 

Pero el principal ingrediente es encerrar a un gran número de criminales sospechosos.

Desde marzo del año pasado, cuando Bukele impuso el estado de emergencia, ha detenido a más de 71,000 personas, equivalente al 7% de los salvadoreños varones de 14 a 29 años. 

Cualquier persona sospechosa de tener vínculos con una banda criminal puede ser enviada a una cárcel. 

 

Se requieren pocas pruebas: bastará con un tatuaje sospechoso o una acusación anónima. 

Los detenidos finalmente tendrán juicios adecuados, insiste el gobierno, pero hasta ahora solo han tenido audiencias superficiales, a veces con cientos de sospechosos que aparecen simultáneamente ante un juez. 

Bukele muestra sus medidas, tuiteando fotos de sospechosos esposados, semidesnudos y apretujados.

Los liberales indignados deben admitir que su política ha traído beneficios. 

El más importante es un desplome en la tasa de homicidios, que cayó de 51 homicidios por 100,000 habitantes el año antes de Bukele, a apenas 8 el año pasado. 

Una reducción del 84%.

Nunca vista en ningún país.

 

Ha cambiado el equilibrio del miedo en los barrios plagados de extorsión de El Salvador. 

Antes, si un gángster exigía dinero por protección, los civiles pagaban o se enfrentaban a una bala. 

Pocos llamaron a la policía, ya que los gánsteres rara vez eran condenados sin un testimonio que casi nadie era lo suficientemente valiente como para ofrecer. 

Ahora, son los mafiosos los que tienen miedo. 

Sabiendo que un soplo anónimo puede ponerlos tras las rejas indefinidamente, los que siguen prófugos están escondidos. Su ausencia ha mejorado innumerables vidas. 

 

Un estudio de 2016 encontró que el costo anual de la violencia de pandillas en El Salvador fue del 16% del PIB. 

Hoy los barrios están tranquilos y los empresarios han reunido el optimismo para abrir nuevas tiendas. 

 

Sin embargo, su eliminación del debido proceso conlleva costos. 

Primero, un número incalculable de inocentes ha sido encerrado. 

Sus familias se agrupan fuera de las prisiones, desesperadas por tener noticias de sus seres queridos.

El gobierno ha liberado 6,000 hasta ahora, pero no parece tener prisa.

Bukele ha acumulado poderes para allanar el camino de su pacificación. 

Ha mantenido al país en estado de emergencia durante más de un año. 

Ha purgado a los jueces que se resisten a él. 

Una nueva ley prescribe penas de cárcel de 10-15 años para los periodistas que repitan mensajes de las pandillas y propaguen “ansiedad”. 

Eso podría significar cárcel para cualquiera que informe críticamente sobre la política criminal. 

 

Bukele promete tomar medidas enérgicas contra la corrupción. 

Los intentos anteriores de aplastar el crimen con la fuerza bruta han fracasado en El Salvador y en otros lugares.

 

Apuesta que a los votantes les importan más las calles seguras que las nociones abstractas como el estado de derecho. 

Su próximo eslogan electoral se escribe: vota por mí o los gánsteres serán liberados.
Bukele se acerca al final de su primer mandato como presidente; su partido dice que volverá a presentarse en febrero. 

La constitución le prohíbe mandatos consecutivos, pero ha inventado una solución: instalará un presidente provisional durante unos meses y luego regresará. 

Los partidarios del estado de derecho lo condenan; otros estudian su fórmula. 

 

Honduras ha declarado estado de emergencia para combatir el crimen. 

El candidato del establishment para las elecciones presidenciales de Guatemala el próximo mes promete construir una enorme prisión. 

Un candidato presidencial en Ecuador, que también vota el próximo mes, elogia a Bukele. 

Lo mismo hacen algunos republicanos en los Estados Unidos. 

Sus métodos están maduros para copiar en cualquier lugar con delincuencia alta e instituciones débiles, desde Sudáfrica hasta Papúa Nueva Guinea.