El lado B de la electromovilidad. Derechos humanos en la cadena de suministro verde
La transición hacia vehículos eléctricos plantea desafíos éticos y sociales que obligan a revisar el origen de los minerales estratégicos y a impulsar una movilidad verdaderamente justa y sostenible
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En los últimos años, la electromovilidad se ha consolidado a nivel global como la gran promesa para salvar a nuestras ciudades del colapso climático. La sustitución de los carros convencionales por vehículos eléctricos se presenta en los foros internacionales como la gran solución definitiva para limpiar el aire que respiramos, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y pacificar el espacio público.
Sin embargo, cuando analizamos esta transición con una perspectiva de ciclo de vida completo y un enfoque de justicia social, descubrimos que la tecnología de "cero emisiones" esconde un lado B sumamente complejo, los graves impactos a los derechos humanos en su cadena de suministro.
Desafíos éticos en la transición hacia vehículos eléctricos
Para que una ciudad latinoamericana presuma una flota de autobuses eléctricos o incentive el uso de autos particulares de batería, primero se debió activar una maquinaria extractivista a miles de kilómetros de distancia.
La llamada "economía verde" corre el riesgo de reproducir las mismas lógicas coloniales y de explotación del viejo modelo con base al fósil si no se le añade una mirada de corresponsabilidad ética y social.
Impacto de la minería en derechos humanos en el suministro de litio y cobalto
El corazón de cualquier carro eléctrico es su batería de iones de litio. Para fabricarla, la industria automotriz depende críticamente de muy pocos minerales estratégicos cuya extracción está ligada a realidades humanitarias devastadoras y preocupantes.
El caso más crítico a nivel mundial ocurre en la República Democrática del Congo, país que posee más del 70% de las reservas globales de cobalto.
En las minas de este territorio, una parte significativa de la extracción se realiza mediante la minería artesanal, otra manera para describir a miles de personas (incluidos niñas y niños) que cavan túneles con sus propias manos, sin equipo de protección, respirando polvo tóxico y arriesgando la vida por salarios bajos y con dinámicas de explotación laboral extrema.
Por otro lado, en nuestra propia región, el "Triángulo del Litio" (conformado por Argentina, Bolivia y Chile) vive su propia encrucijada. Aunque la extracción del llamado oro blanco no comparte las dinámicas de trabajo infantil del Congo, sí genera una profunda disputa por el agua y el territorio.
El proceso de obtención de litio en los salares requiere de millones de litros de agua por tonelada extraída en zonas que ya sufren de estrés hídrico.
Esto impacta de forma directa los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas locales, amenazando su soberanía alimentaria, sus medios de subsistencia tradicionales y su derecho al consentimiento previo, libre e informado.
La necesidad de una movilidad urbana justa y sostenible
Este escenario nos obliga a conectar lo que en urbanismo llamamos movilidad urbana (el flujo visible de autos eléctricos circulando de forma limpia por nuestras avenidas) con la huella ecológica e institucional latente de los bienes que consumimos.
Si la electromovilidad solo sirve para limpiar el aire de los centros urbanos acomodados a costa de destruir los ecosistemas y vulnerar los derechos humanos de las poblaciones periféricas o de los países en vías de desarrollo, entonces no estamos ante una transición justa, sino ante un desplazamiento geográfico del daño ambiental y social.
Por ello, la planificación de la movilidad moderna debe exigir que los gobiernos y las empresas operadoras de transporte público implementen criterios estrictos de debida diligencia en derechos humanos dentro de sus procesos de licitación y compra de flota.
La sostenibilidad no puede evaluarse solo en el tubo de escape. Un vehículo es verdaderamente sustentable cuando toda su trazabilidad (desde la mina de donde salieron sus componentes hasta el taller donde se desmantelará al final de su vida útil) respeta la dignidad de las personas y el equilibrio de los territorios y sus países.
Reducir la dependencia del carro, la verdadera respuesta
El análisis del lado B de la electromovilidad nos deja una lección contundente, el error de fondo sigue siendo el mismo que criticamos en la planificación tradicional; intentar resolver un problema sistémico cambiando únicamente el "juguete" (el motor) sin transformar el "juego" (el modelo de ciudad).
Si pretendemos sustituir los millones de autos de gasolina del mundo por la misma cantidad de autos eléctricos, el planeta simplemente no resistirá la presión extractiva de minerales.
La verdadera transición hacia una accesibilidad urbana justa y sostenible no depende de electrificar el parque vehicular privado, sino de reducir la necesidad de movernos grandes distancias.
Necesitamos apostar por la proximidad, fortalecer los sistemas de transporte público eficientes y redistribuir el espacio público a favor de la movilidad activa (caminar y andar en bicicleta).
Solo cuando el diseño urbano se centre en que las personas se muevan menos gracias a una ciudad compacta, disminuiremos la demanda de recursos naturales y comenzaremos a construir una movilidad que sea verdaderamente verde, limpia y, sobre todo, profundamente respetuosa de los derechos humanos en todo el mundo.
Autora: Gloria Morales. Ejecutiva de educación y comunicación de Mapasin.
