Te explicamos en qué consiste la llamada Ley de Aguas Nacionales en México, así como los cambios que plantea la reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha encendido alarmas en parte de la sociedad
Por: Raúl Durán
La Ley de Aguas Nacionales es un tema que ha cobrado relevancia recientemente debido a la propuesta de reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, y que ha generado alarma entre diversos sectores de la sociedad, pero ¿en qué consiste dicha ley?
Antes de ahondar en qué consiste la iniciativa presidencial, comencemos por explicar que la Ley de Aguas Nacionales es el marco normativo que regula la explotación, uso, distribución y conservación de las aguas en México.
El objetivo de esta ley es gestionar el recurso hídrico de forma sostenible, procurando preservar su cantidad y calidad mediante una serie de mecanismos leales. Además, reconoce y busca garantizar el derecho humano al agua, así como combatir delitos relacionados con el robo y uso indebido de este recurso.
Recientemente, la presidenta Sheinbaum propuso una nueva Ley General de Aguas y una serie de reformas a la Ley de Aguas Nacionales, con el argumento de "garantizar el acceso justo y ordenar la gestión del agua".
Sin embargo, la iniciativa presidencia no tardó en encender las alarmas entre productores, académicos, legisladores, asociaciones civiles y otros sectores, quienes advierten que implica un riesgo para su patrimonio y la seguridad alimentaria del país.
En las discusiones realizadas en San Lázaro, los representantes de diversos sectores de la sociedad han coincidido en que México enfrenta una grave crisis hídrica, y que la reforma no garantiza una solución equilibrada a este problema.
¿Qué cambios plantea la reforma a la Ley de Aguas Nacionales?
La apuesta central de la reforma es restituir el carácter del agua como recurso nacional, impedir su comercialización y establecer un marco más estricto para su administración, por lo que implica cambios como:
- Prohibición para transmitir o vender concesiones: propone detener esta práctica que se lleva a cabo desde 1992, con el fin de evitar especulación y abuso en las concesiones de agua.
- Creación de un Fondo de Reserva de Aguas Nacionales: busca garantizar la disponibilidad del agua en situaciones críticas.
- Más sanciones contra robo, desvío o uso ilegal del agua: plantea penas de 1 a 10 años de prisión, así como multas de 300 a 4 mil días de salario mínimo para quienes incurran en estas prácticas.
- Creación de un Registro Nacional del Agua: plantea consolidar un padrón transparente y accesible que incluya concesiones, volúmenes, titulares y usos autorizados.
- Reconocimiento a sistemas comunitarios: busca saldar la deuda histórica con los pueblos originarios, reconociendo sus sistemas comunitarios de gestión de agua.
- Planeación hídrica multinivel: para determinar la administración en cuencas que correspondan a federación, estados y municipios.
- Límites al pago de cuotas: se limitaría a 5 años, priorizando la redistribución estratégica.
Los sectores inconformes sostienen que se necesita una Ley de Aguas que permita que todos los mexicanos cuenten con este recurso para una óptima calidad de vida, garantizando su uso personal y doméstico mediante mecanismos de acceso.
Entre las desventajas que señalan está que los cambios que planeta esta reforma pueden implicar mayor burocracia, menos certidumbre y afectaciones económicas para productores agrícolas y ganaderos, así como ejidatarios y empresarios.