El transporte público como columna vertebral de la justicia social
Fortalecer el transporte público con inversión, accesibilidad y rutas eficientes es clave para reducir la desigualdad, garantizar el derecho a la movilidad y construir ciudades más justas, seguras e incluyentes
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Seguramente, si analizamos los presupuestos urbanos de nuestras ciudades, notaremos que la mayor parte de los recursos públicos se destinan constantemente a la ampliación de infraestructura vial para el automóvil privado. Desafortunadamente, el transporte público (especialmente el sistema de camiones) suele quedar en el olvido, operando con inversiones mínimas.
Por esta razón, es urgente poner sobre la mesa que el transporte público no es meramente un sistema técnico de traslado de pasajeros; por el contrario, representa la auténtica columna vertebral de la justicia social en el entorno urbano. Una ciudad que no invierte en su transporte público está, de forma directa, marginando a sus ciudadanos más vulnerables. 
El impacto del transporte público en la desigualdad social en Monclova
Para comprender la gravedad de esta situación, es necesario reconocer a quiénes afecta directamente el funcionamiento del transporte público y sus deficiencias.
Esto se debe a que las personas de menores ingresos, los estudiantes, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las mujeres son quienes dependen mayoritariamente de este medio para ejercer su derecho a la ciudad.
Cuando el sistema es ineficiente, impredecible y costoso, la planeación restringe severamente la accesibilidad urbana de estas poblaciones, limitando sus capacidades potenciales para alcanzar empleos dignos, servicios de salud y centros educativos.
En este sentido, la falta de inversión en el transporte masivo funciona como una barrera que aísla físicamente a las periferias y condena a sus habitantes a una situación de exclusión socio-territorial.
Asimismo, no podemos ignorar el impacto diferencial que este descuido genera en las dinámicas de género y en la movilidad del cuidado.
Por un lado, las mujeres realizan estadísticamente viajes más fragmentados, vinculados al acompañamiento de personas dependientes y al abastecimiento del hogar; al no contar con rutas con frecuencias adecuadas y paradas seguras, se les arrebata tiempo valioso de vida y se vulnera su seguridad.
Por otro lado, ante la deficiencia del servicio colectivo, muchas familias se ven obligadas a recurrir a la motorización individual forzada, adquiriendo motocicletas o vehículos particulares que representan un altísimo costo para la economía del hogar y que aumentan los índices de siniestralidad vial en las calles.
Acciones necesarias para mejorar el transporte público en la región
Por lo tanto, el transporte público deficiente se traduce en una externalidad negativa que pagan, con dinero y con su propia seguridad, los sectores más desprotegidos.
Pero vamos por partes. Existen estrategias claras y viables a diferentes escalas para rescatar nuestro sistema de transporte público y transformarlo en una verdadera herramienta de equidad.
Por ejemplo, la implementación de carriles exclusivos para autobuses que reduzcan los tiempos de traslado frente al congestionamiento del auto; la modernización de la flota con criterios de accesibilidad universal; y el rediseño de las rutas con un enfoque intersectorial que conecte la ubicación de la vivienda con los usos de suelo estratégicos.
Estas acciones, aunado a políticas tarifarias justas e integradas, no constituyen un gasto superfluo, sino una inversión social prioritaria para el bienestar de la ciudad.
En conclusión, garantizar un sistema de transporte público digno, seguro y eficiente es el paso indispensable para saldar la brecha de desigualdad urbana que divide a nuestras ciudades.
Mientras sigamos evaluando el éxito del desarrollo urbano a través de la velocidad de los motores privados y permitamos el deterioro del servicio colectivo, continuaremos construyendo entornos que segregan y excluyen.
Invertir en el transporte público es, en última instancia, democratizar el espacio público y asegurar que el derecho constitucional a la movilidad deje de ser un privilegio condicionado por el ingreso y se convierta en una realidad para toda la ciudadanía.
Autora: Gloria Morales. Ejecutiva de educación y comunicación de Mapasin.
