Entre 2013 y 2022, el 51 por ciento de personas desaparecidas fueron localizadas con vida en las primeras 72 horas
Un total de 6 mil 305 personas fueron encontradas vivas desde el año 2010 al 2024. El nuevo diagnóstico de la CG CESP destaca la importancia de la pronta denuncia y la búsqueda inmediata, pues más del 50% de las localizaciones ocurren en las primeras 72 horas.
En la estadística de la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, entre 2010 y 2024 se reportaron 13,345 casos de Privación Ilegal de la Libertad y DFP; de ellos, lo que representa que el 47% fueron localizados con vida, cifra inferior al promedio histórico nacional que es del 59.2%.
Miguel Calderón Quevedo, director generar del CESP, comentó que, en Sinaloa, la desaparición de personas sigue siendo una herida abierta que marca a miles de familias y daña el tejido social.
De acuerdo con el Diagnóstico de Privación y Desaparición Forzada de Personas, elaborado por la Coordinación General del Consejo Estatal de Seguridad Pública, del total de casos en territorio sinaloense, 6 mil 305 corresponden a personas que sí fueron halladas vivas.
En contraste, mil 412 fueron localizadas sin vida (11%) y 561 permanecen como no localizadas (4%), mientras que 5 mil 067 personas siguen desaparecidas (38%).
La importancia de actuar en las primeras horas
El informe subraya que la rapidez en la respuesta es determinante. Entre 2013 y 2022, el 51 por ciento de personas desaparecidas fueron localizadas con vida en las primeras 72 horas después de interpuesta la denuncia.
Otro 21 por ciento se localizó en periodos de 8 a 30 días, y el resto en plazos más prolongados, incluso superiores a 4 cuatro años.
Estos datos confirman la relevancia del principio de presunción de vida y búsqueda en vida establecido en el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas, aprobado en 2020, y muestran que cada hora cuenta para devolver a las víctimas a sus hogares.
Sinaloa, en el contexto nacional
El fenómeno de la desaparición de personas es complejo en Sinaloa y se ha agudizado en los últimos años. De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) que datan del 31 de diciembre de 1952 al 31 de diciembre de 2024.
Esta entidad ocupa la sexta posición nacional en número de personas desaparecidas con 5,366, y la segunda tasa más alta por cada 100 mil habitantes, con 177.
Además, se ubica en segundo lugar nacional en tasa de personas localizadas sin vida, con 49.3 por cada 100 mil habitantes. Estas cifras reflejan tanto la magnitud del problema como la importancia de fortalecer las capacidades institucionales para atenderlo.
Retos pendientes que enfrenta Sinaloa
El diagnóstico advierte que, aunque se han creado tres Centros de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Culiacán, Los Mochis y Mazatlán, persisten rezagos importantes. El Sistema Estatal de Búsqueda aún no ha sido instalado formalmente y el Plan Estatal de Búsqueda, clave para coordinar esfuerzos, no ha sido publicado desde 2019.
También está pendiente la conformación del Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda, un paso necesario para garantizar la participación social y dar voz a los colectivos de familias que día a día impulsan las labores de localización.
Desaparecidos, una deuda con sus familias
El balance de 15 años, de 2010 a 2024, destaca que, aunque casi la mitad de las personas desaparecidas fueron localizadas con vida, la persistencia del 38% de casos sin esclarecer es una deuda pendiente con cada familia que espera a un ser querido.
Reducir esa cifra requiere fortalecer las capacidades institucionales, garantizar la participación de la sociedad civil y priorizar la atención a las víctimas, porque más allá de los números, las desapariciones representan un golpe profundo al tejido social.
Se dijo que cada caso significa un hogar fracturado y un proceso de búsqueda que, en muchos casos, se prolonga durante años.
El Diagnóstico de Privación y Desaparición Forzada de Personas reconoce la labor de los colectivos de búsqueda, quienes han sido un motor para visibilizar el problema y exigir resultados a las autoridades.