Claudia Sheinbaum impulsa una reforma político-electoral para reducir costos, disminuir legisladores y recortar financiamiento a partidos. Aunque promete eficiencia, enfrenta críticas por posible concentración de poder y riesgos a la pluralidad política.
Por: Jesús Moreno
En el último mes, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó una de sus propuestas más comentadas: una reforma político-electoral que busca modificar las reglas del juego en la política mexicana.
La iniciativa ha despertado tanto interés como polémica, ya que plantea cambios que podrían transformar la forma en que se organizan las elecciones, se financian los partidos y se elige a los legisladores.
¿En qué consiste la propuesta?
La reforma fue anunciada junto con la creación de una comisión especial encabezada por Pablo Gómez, actual titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Esta comisión será la encargada de diseñar el plan y presentarlo para su discusión en el Congreso.
Los puntos principales incluyen:
- Reducir el costo de las elecciones mediante ajustes en la logística y tecnología empleada.
- Disminuir el financiamiento público a partidos políticos, sobre todo en años no electorales.
- Reducir el número de legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado.
- Revisar y ajustar la estructura de los organismos electorales para hacerlos “más eficientes”.
Posibles beneficios de la reforma
Los defensores de la propuesta aseguran que estos cambios podrían traer mejoras como:
- Ahorro de recursos públicos, lo que permitiría destinar más dinero a programas sociales.
- Mayor eficiencia administrativa en los procesos electorales.
- Un sistema más cercano a la ciudadanía, al reducir la cantidad de representantes y enfocarse en perfiles más competitivos.
Las críticas y preocupaciones
No todos ven con buenos ojos la propuesta.
Una de las principales críticas es que la comisión que prepara la reforma está compuesta por funcionarios del Ejecutivo, lo que para algunos expertos podría significar una concentración excesiva del poder en manos del gobierno.
Otros señalan riesgos como:
- Menor pluralidad política si se reducen espacios legislativos.
- Posible debilitamiento de la autonomía electoral si se cambian las reglas de operación de las instituciones encargadas de organizar y supervisar las elecciones.
- Falta de consulta ciudadana previa a la elaboración de la iniciativa.
Un contexto político complejo
La oposición y algunos especialistas advierten que este tipo de reformas debe discutirse a fondo y con la participación de todos los sectores, para evitar que se perciba como un intento de controlar el sistema electoral.
Si se aprueba tal como está planteada, la reforma podría cambiar de manera significativa la dinámica política de México. Esto incluiría:
- Menos gasto electoral.
- Menos representantes en las cámaras.
- Partidos con menos recursos públicos, lo que podría favorecer a los que ya cuentan con mayor financiamiento privado.
El verdadero reto será encontrar un equilibrio entre eficiencia y democracia, evitando que los cambios afecten la pluralidad y la independencia de las instituciones.
La reforma político-electoral de Claudia Sheinbaum es, sin duda, una de las iniciativas más relevantes de su administración en estos primeros meses. Aunque tiene el potencial de mejorar la eficiencia y reducir costos, también genera dudas sobre el equilibrio de poderes y la transparencia en su elaboración.
El debate apenas empieza y su desenlace marcará un precedente para el futuro democrático del país.