El registro de celulares ya es una realidad para todas las marcas y usuarios: qué datos se piden, cuántas líneas permite la ley, plazos, sanciones y cómo este sistema busca frenar fraudes y extorsiones telefónicas en el país
Por: Karina Valdez
Desde enero de 2026, México comenzó una nueva etapa en el control de las telecomunicaciones móviles. Todas las líneas de telefonía celular deberán estar vinculadas a una persona plenamente identificada, sin excepción por tipo de plan o compañía.
La medida, impulsada por nuevas disposiciones regulatorias, busca frenar delitos cometidos a través de llamadas y mensajes anónimos, y plantea un cambio profundo en la forma en que se contratan, administran y usan los números telefónicos en el país.
¿En qué consiste el registro telefónico y a quiénes aplica?
A partir del 9 de enero de 2026, entró en vigor en México el registro obligatorio de líneas de telefonía móvil. Este proceso exige que cada número activo esté asociado a una Clave Única de Registro de Población (CURP) y a una identificación oficial vigente del titular.
La disposición fue emitida por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y aplica a todas las compañías telefónicas, así como a líneas de prepago y pospago, sin distinción. El objetivo principal es reducir prácticas ilícitas como fraudes, extorsiones y amenazas que se realizan desde números sin titular identificado.
Las autoridades han subrayado que la medida no busca vigilar dispositivos ni contenidos, sino establecer con claridad quién está detrás de cada línea telefónica activa.
¿Qué se registra y cómo funciona el nuevo padrón?
El nuevo padrón no contempla el registro de teléfonos celulares como equipo físico. Lo que se vincula es la línea telefónica, asociada a una tarjeta SIM o eSIM, que es el módulo que permite la conexión a la red móvil para llamadas, mensajes y acceso a internet.
Quienes adquirieron su número antes del 9 de enero de 2026 cuentan con un plazo de 120 días hábiles para completar el trámite. En el caso de líneas nuevas, la vinculación se realiza al momento de la activación.
Los operadores solo pueden conservar datos específicos:
- Nombre o razón social.
- CURP o RFC.
- Número telefónico.
- Tipo de identificación presentada.
- El resultado de la validación.
Esta información debe resguardarse bajo esquemas de confidencialidad similares a los ya utilizados en servicios de pospago.
Límites por persona: ¿Cuántas líneas se pueden registrar?
Uno de los puntos clave del nuevo esquema es el límite de líneas por persona física. De acuerdo con los lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, una CURP podrá vincular hasta 10 líneas móviles, ya sean SIM físicas o eSIM, nuevas o existentes.
Este tope no aplica a personas morales ni a personas físicas con actividad empresarial, siempre que puedan justificar el uso de un mayor número de líneas. Si se alcanza el límite permitido, las compañías no podrán activar números adicionales, salvo que exista un cambio de régimen o una validación documentada.
La medida busca evitar la acumulación irregular de chips y la creación masiva de números sin responsable directo.
Consecuencias de no registrar la línea y cómo hacer el trámite
Si una línea no se vincula dentro del plazo establecido, las empresas deberán deshabilitar el servicio. En ese estado, el número solo podrá recibir mensajes de emergencia y realizar llamadas a números de auxilio o al centro de atención del operador.
Antes de la suspensión, los usuarios recibirán notificaciones periódicas por SMS y otros medios. La línea podrá reactivarse posteriormente si se cumple con los requisitos legales.
El registro puede hacerse de forma presencial en centros de atención o en línea, mediante plataformas digitales habilitadas por cada compañía, que incluyen validación de identidad, CURP y prueba de vida, como una fotografía o selfie.
Con más de 158 millones de líneas móviles activas en México, el registro obligatorio redefine el uso cotidiano del celular y marca un nuevo estándar de responsabilidad en las telecomunicaciones. Más allá de la polémica, la medida coloca la identificación del usuario como eje central para combatir delitos y ordenar un servicio que hoy forma parte esencial de la vida diaria de millones de personas.