El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a ocho personas y doce empresas mexicanas por supuestamente suministrar precursores químicos de fentanilo al grupo criminal
Por: TR
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos impuso este lunes sanciones contra ocho individuos y doce empresas con sede en México por presunta afiliación a la facción "Los Chapitos" del "Cártel de Sinaloa".
En un comunicado, el secretario adjunto del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, indicó que esta red es responsable del "tráfico ilícito de precursores químicos para la fabricación de fentanilo" al citado grupo criminal, que recientemente fue nombrado una organización terrorista para Estados Unidos.
"Más de 500 mil estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo. El presidente Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país es una prioridad absoluta en materia de seguridad nacional”, declaró John K. Hurley.
¿Quiénes son los sancionados por Estados Unidos?
Entre los ocho sancionados destaca la familia Favela López, dueña de la empresa Sumilab:
- Víctor Andrés Favela López
- Francisco Favela López
- Jorge Luis Favela López
- María Gabriela Favela López
- Jairo Verdugo Araujo
- Gilberto Gallardo García
La compañía ya había sido sancionada en 2023, pero continuó operando, siendo esta la segunda ocasión que recibe una afectación por el gobierno estadounidense.
En este sentido, y también vinculadas a la familia Favela López, han sido incluidas en la lista de sanciones las empresas Agrolaren, Distribuidora de Productos y Servicios Viand, Favelab, Favela Pro, Qui Lab y Storelab, además de Macerlab.
También fue sancionado César Elías López Araujo, señalado como testaferro de Víctor Andrés Favela. A la lista de sanciones también se suma Martha Emilia Conde Uraga, señalada por el Tesoro de EU de ser “intermediaria química afiliada desde hace mucho tiempo al Cártel de Sinaloa que opera desde varios almacenes en Culiacán y sus alrededores”.
De acuerdo al comunicado, Conde Uraga, a través de “facturas fraudulentas y otros métodos de ocultación, suministra precursores químicos a narcotraficantes y operadores de laboratorios que trabajan para la facción Los Chapitos del cártel de Sinaloa”.
Otras cuatro compañías también sancionadas son:
- Comercial Viosma del Noroeste
- Prolimph Quimicos en General
- Proveedora de Servicios de Salud Mental del Pacifico
- Roco del Pacifico Inmobiliaria
Según la investigación, las empresas cambiaron de representantes legales en un intento por evadir las sanciones, pero los vínculos con la familia Favela López permanecieron. En muchos casos, los nuevos dueños resultaron ser empleados o familiares cercanos.
“Esta acción no habría sido posible sin la cooperación, el apoyo y la colaboración continua con la Oficina de Campo de Phoenix de la Oficina Federal de Investigaciones (Agencia Residente de Tucson), la Oficina de Distrito de Tampa de la Administración de Control de Drogas (CHEMEX) y la Oficina de la División de Campo de las Montañas Rocosas, la Oficina de Campo de Newark de las Investigaciones de Seguridad Nacional y el Centro Nacional de Objetivos de Aduanas y Protección Fronteriza", emitió la dependencia.
¿Cuáles son las consecuencias legales y económicas de las sanciones?
Las sanciones impuestas implican el bloqueo inmediato de todos los bienes e intereses de los individuos y empresas designados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses.
Asimismo, las autoridades informan que cualquier transacción, directa o indirecta, con los sancionados está prohibida para ciudadanos y empresas estadounidenses. Quienes rompan la prohibición, pueden acarrear sanciones tanto para personas físicas como jurídicas, dentro y fuera de Estados Unidos.
“Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirecta, individual o colectivamente, en un 50% o más, de una o más personas bloqueadas también queda bloqueada”, informó la OFAC. El Tesoro advierte que las sanciones se aplican incluso bajo responsabilidad objetiva, lo que significa, aun sin intención directa.
Por último, El Tesoro subrayó que la eficacia de estas sanciones radica en la capacidad de designar a individuos y entidades, así como en la disposición de retirar sanciones cuando se produzcan cambios de conducta conforme a la ley.