El Gobierno de México ejecutó un operativo coordinado para trasladar a 60 reos de alta peligrosidad a distintos penales federales del país
Por: Faviola Manjarrez
El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México coordinó el traslado de 60 personas privadas de la libertad a distintos Centros Federales de Reinserción Social (CEFERESO) en el interior del país, como parte de las acciones estratégicas para preservar el orden y la seguridad dentro del sistema penitenciario.
Participaron SSPC, Sedena, Guardia Nacional y gobiernos estatales
Este operativo fue llevado a cabo en colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), en conjunto con las secretarías de seguridad de la Ciudad de México, Estado de México y Querétaro.
Perfil delictivo de alto riesgo motivó el traslado de reos
El traslado responde a la necesidad de reforzar el control y la gobernabilidad en los centros penitenciarios, dado el perfil delictivo de alto riesgo de los internos, quienes están vinculados con delitos que atentan contra la seguridad pública y el bienestar social.
Del total de personas trasladadas, 15 reos fueron extraídos del CEFERESO No. 1 “Altiplano”, en el Estado de México, y concentrados en el Aeropuerto Internacional de Toluca. Allí se integraron a otros 45 internos provenientes de centros penitenciarios estatales: 20 de la Ciudad de México, 20 del Estado de México y 5 de Querétaro.
Traslado aéreo a 9 CEFERESOS bajo estrictas medidas de seguridad
El traslado aéreo se realizó hacia nueve CEFERESOS distribuidos en distintas regiones del país. La operación fue ejecutada por elementos de la Unidad de Reacción Penitenciaria del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (PRS), con el apoyo de la Guardia Nacional, bajo protocolos de seguridad estandarizados y en todo momento con respeto a los derechos humanos.
Gobierno federal reafirma compromiso con la seguridad penitenciaria
Con este tipo de acciones, el Gobierno de México reafirma su compromiso con la transformación del sistema penitenciario nacional, orientado a garantizar la seguridad, evitar la comisión de nuevos delitos y desarticular redes criminales al interior de los centros penitenciarios.